EL PRESIDENTE; LA POLÍTICA A SEGUIR

Armando Ribas, noviembre de 2015.

Es un hecho incontrovertible que la situación argentina en la actualidad padece de un desequilibrio político y económico. Ya debiéramos saber que tal como dijera Lester Hutchinson: “El éxito de Adam Smith con la publicación de su libro “La Riqueza de las Naciones” tuvo un efecto no deseado; le hizo creer al mundo que la economía era una ciencia independiente de la ética y la política”. El hecho es que la economía es la consecuencia de la política. Por tanto, en primer lugar para diseñar una política a seguir en la actual situación debemos tomar en cuenta la diferencia entre el sistema de democracia mayoritaria y The Rule of Law, que fue el título dado por los Founding Fathers en Estados Unidos al sistema ético político que cambió la historia del mundo. La traducción pertinente es República y así lo reconocen tanto la constitución americana como la argentina, donde no aparecía la palabra democracia.

Los principios en que se funda la República son dos. El primero, que las mayorías no tienen derecho a violar los derechos de los individuos. Como bien dice Hume: “El problema no son las mayorías sino las asambleas que pretenden representarlas”. O sea el primer principio es el respeto de los derechos individuales: el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y el derecho del hombre a la búsqueda de la felicidad. Estos derechos están reconocidos en la Constitución Nacional Argentina, pero voy a destacar el derecho a la búsqueda de la propia felicidad que tal como dijera John Locke es el principio fundamental de la libertad. Y este derecho está reconocido en el artículo 19 de la Constitución que dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservados a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”.

El segundo principio de la libertad y no menos importante es la limitación del poder político: la separación de los poderes y la independencia del poder judicial. El rol fundamental del poder judicial es el principio que determinó fáctica y jurídicamente la limitación del poder político. Fue en Estados Unidos donde se impuso por primera vez en la historia este sistema y la Argentina fue el segundo país del mundo en imponerlo, bajo la influencia del pensamiento de Alberdi y Sarmiento y la política de Urquiza y Mitre. Fue así que Argentina en cincuenta años pasó de ser en 1852 uno de los países más pobres del mundo a tener un ingreso per cápita más alto que el de Alemania, Francia e Italia a principios del siglo XX. Por ello es fundamental restaurar el sistema que produjo ese salto cuántico en la historia de América Latina.

Partiendo de los anteriores principios el primer paso en la política a seguir en Argentina para lograr equilibrar la economía es la reducción del gasto público, que en la actualidad supera el 50% del PBI. Ese nivel de gasto implica de hecho la violación del derecho de propiedad, vía el elevado nivel de los impuestos. Además es la causa del elevado nivel de la inflación y del proceso recesivo (stagflation). Así dijo Friedman al respecto: “El peso total es lo que el gobierno gasta, no los impuestos. Y cualquier déficit es soportado por el público en la forma de un impuesto escondido, que es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda”. Por ello la política para controlar la inflación no es reducir la oferta monetaria, sino reducir el gasto público y bajar los impuestos. Y al respecto George Gilder escribió: “Más tarde o más temprano los liberals americanos y los laboristas británicos van a descubrir que las restricciones monetarias son una maravillosa forma de destruir al sector privado en tanto que dejan al gobierno intacto y ofrece pretextos para nacionalizar la industria”. Y es asimismo un hecho que existe una correlación inversa entre el nivel del gasto público y la tasa de crecimiento de la economía. A los hechos me remito y tal es la situación también de la economía europea en la actualidad.

Dadas las actuales circunstancias, el proceso para reducir el gasto público es complejo. Ya en los primeros siete meses del año el gasto público nacional aumentó un 38% respecto a igual período del año pasado. Al mismo tiempo se enfrenta un proceso recesivo. Mi criterio es que la rebaja del gasto debe hacerse en primera instancia en términos reales. Por tanto se requiere que el gasto nominal no aumente el año próximo y al mismo tiempo reducir los impuestos. También existe la teoría de que los impuestos constituyen un factor de incremento de los precios, pues reducen la inversión y consecuentemente la producción. Así, en primer lugar se requiere eliminar las retenciones a las exportaciones que han causado una reducción en la producción agrícola, y consecuentemente en las exportaciones, que en los primeros nueve meses del año cayeron respecto a igual período del año pasado, y así el superávit comercial ha prácticamente desaparecido. No menos importante es permitir la revaluación de los activos, que implica reducir la tasa del impuesto a las ganancias a su tasa legal que es el 35%.

En una segunda instancia se requiere reducir los gastos en determinadas áreas tales como el “futbol para todos”, los gastos en prensa y los planes trabajar. Por supuesto reducir el nivel de empleados públicos. Es de esperarse que en la medida que se restaure la seguridad jurídica y se reduzca el nivel de los impuestos, habrá una mayor inversión nacional e internacional, que consecuentemente determinará una mayor tasa de crecimiento y una reducción en el nivel de desempleo. La demanda de trabajo por parte del sector privado ha de compensar la merma del empleo público.

Otro factor de la mayor importancia es la actual sobrevaloración del peso y el control de cambios. Se requiere inmediatamente la supresión del control de cambios que implica una violación de los artículos 14, 17 y 19 de la Constitución Nacional. De acuerdo a nuestras estimaciones el peso en la actualidad se encuentra revaluado con respecto al dólar en un 42%. Es decir que el tipo de cambio de paridad sería de $13,95 por dólar. Pero la idea no es fijar el tipo de cambio, sino que el mercado lo determine. Y es posible que el mismo no supere la paridad antes dicha en la medida que se restaure la seguridad jurídica. Para ello es necesario finalmente llegar a un acuerdo con los llamados Fondos Buitres, lo que restauraría la confianza y la Argentina estaría en condiciones de recibir préstamos del exterior. No obstante los desequilibrios expuestos la deuda externa argentina alcanza a u$s 73.711millones. Y de acuerdo a nuestro tipo de cambio de paridad alcanzaría a solo un 19% del PBI estimado del 2015.

Por último otro factor para reducir el gasto público es la privatización de Aerolíneas Argentinas, que constituye un gasto insostenible basado en la ficción del nacionalismo. La idea de que los bienes son del pueblo significa en última instancia que es el pueblo el que los paga y no quien recibe el beneficio. Así al respecto Alexander Hamilton escribió: “Una peligrosa ambición yace detrás de la especiosa máscara del celo por los derechos del pueblo”. Ya debiéramos saber que cuando los derechos son del pueblo desaparecen los derechos individuales y consecuentemente la libertad. Por las mismas razones antes dichas es necesario suprimir la idea de que el petróleo es del pueblo y por ello se nacionalizó YPF. La consecuencia ha sido y sigue siendo los problemas en el ámbito energético. Así Argentina que era un exportador de gas, ahora lo importa de Bolivia. Conclusión, la reforma requerida para solucionar la situación de desequilirio actual, no es otra que volver a cumplir con los principios de la Constitución y consecuentemente volver a ser lo que la Argentina fue.